El gobierno de Boric cometió un error al no sacar a Manuel Monsalve de la Subsecretaría del Interior antes de que se conociera públicamente la denuncia en su contra, aunque la demora tenía razones comprensibles.
Boric declaró a la fiscalía que supo de la denuncia el martes 15 de octubre de 2024; la noticia se publicó y Monsalve renunció el jueves 17. En marzo de 2025 el Presidente reconoció ante la Cámara que pudo exigirle la renuncia antes.
(provisional) No se verificó con fuentes el contenido exacto del discurso de Boric en el extranjero que motiva el juicio; el calificativo de «error político» es una valoración.
La premisa tiene base: La Moneda fue ajustando su versión sobre cuándo y cuánto supo de la denuncia contra Monsalve y por qué tardó en pedirle la renuncia. Pero el gobierno sí terminó informando a la Fiscalía y a la ciudadanía, de modo que llamar el compromiso de transparencia 'solo un discurso' es un juicio.
Según su declaración ante la Fiscalía, Boric supo de la denuncia por violación el martes 15 de octubre de 2024 por la ministra Tohá; Monsalve dejó el cargo el jueves 17. Boric sostuvo que el miércoles 16 por la tarde ya tenía antecedentes suficientes para pedir la renuncia, lo que respalda en parte la idea de que la demora fue de decisión y no de información. Que sólo se tardara en decidir cómo comunicarlo es una inferencia.
Es cierto que Boric reconoció que Monsalve le contó el martes por la noche que había revisado las cámaras del hotel. Pero la ministra Tohá descartó obstrucción por parte de Boric y ninguna investigación lo ha imputado; él fue citado como testigo en la acusación contra Monsalve.
Los resultados se leyeron como un revés del oficialismo menor que lo anticipado: la oposición pasó de 87 a 130 alcaldías y ganó Santiago y Ñuñoa, mientras el oficialismo retuvo comunas como Maipú y disputó con éxito varias gobernaciones. La mejora relativa existió, pero la derecha ganó la elección municipal.
La confianza institucional siguió muy baja después de 2024: la encuesta UDP de enero de 2025 daba 12% al Poder Judicial, 5% al Congreso y 4% a los partidos, y la CEP de septiembre-octubre de 2025, 16% a los tribunales. No hay evidencia que atribuya esa caída específicamente al fracaso de los procesos constituyentes y no a escándalos como el caso Hermosilla.