En junio de 2017 el informe de la comisión Sename II, presidida por Ramón Farías, excluyó la responsabilidad de la exdirectora Marcela Labraña a petición de diputados, lo que criticó la diputada Sabat como un 'blindaje'. Pero la exclusión se decidió al redactar el informe, no al inicio de la investigación, y el informe sí cuestionó a la exdirectora por sus dichos sobre la muerte de Lissette Villa. La Sala lo rechazó el 4 de julio de 2017.
Dijo, no, vamos a investigar, pero vamos a excluir el nombre de Marcela Labraña en esta investigación. O sea, partía con la imposibilidad de declarar responsable a la persona que estaba políticamente responsable del Sename.
La premisa tiene apoyo parcial: la comisión investigadora de la Cámara sobre barrios críticos (2001-2015) concluyó que la intervención se concentró en infraestructura y control policial, con escasa intervención psicosocial, y consignó excesos policiales en La Legua Emergencia. Pero no existe una evaluación técnica formal de resultados que permita afirmar un 'fracaso empírico'.