El Congreso chileno es institucionalmente débil y necesita más poder y capacidades propias.
Mayol sostiene desde 2017 que Chile necesita menos poder para el Ejecutivo y más para el Congreso, y en 2021 que la Constitución hace al Congreso objetivamente irrelevante. Critica que las asignaciones de asesoría no financien estudios serios y propone, en 2025, reemplazarlas por un centro de investigación común. Sus propuestas no se han adoptado.
Chile mantiene un régimen presidencialista. Las dos propuestas constitucionales que podían alterar el equilibrio de poderes fueron rechazadas en plebiscito (61,89% en septiembre de 2022 y 55,8% en diciembre de 2023).
Juicio sobre la finalidad real de las asignaciones de asesoría parlamentaria; la premisa sobre montos y calidad de los informes no pudo contrastarse con fuentes en esta evaluación.
El artículo 65 de la Constitución reserva al Presidente la iniciativa exclusiva en gasto y tributos, y hay académicos que hablan de un "presidencialismo exacerbado". Pero el Congreso no es irrelevante: aprueba o rechaza las leyes, y dos días antes (9 de noviembre de 2021) la Cámara había aprobado una acusación constitucional contra Piñera.
Al 30 de octubre de 2026 las asignaciones parlamentarias para asesorías y personal de apoyo siguen vigentes (hasta unos 16 millones de pesos mensuales por diputado según datos de la BCN citados en 2026); no se ha creado un centro de investigación común que las reemplace.