El gobierno de Kast no logrará resolver los problemas para los que fue electo, por falta de doctrina y de conducción.
Desde mayo de 2026 Mayol sostiene que el gobierno de Kast es errático, rompió su promesa de ser un gobierno de emergencia, no da sentido a la confusión ciudadana y gobierna día a día sin doctrina. Los diagnósticos sobre conflictos entre ministros y el escaso éxodo de migrantes se califican como correctos; sus predicciones sobre el resultado del gobierno siguen pendientes.
Bachelet y Boric mejoraron su posición mientras la aprobación de Kast caía (Cadem: 36% a mediados de mayo de 2026, su nivel más bajo hasta entonces). En octubre Bachelet ya aparecía como principal líder opositora. El efecto comparativo 'por defecto' es plausible, pero no está demostrado.
Es una interpretación de la campaña de Kast ('gobierno de emergencia') y de su gestión. La aprobación de Kast cayó de 57% en marzo a 36–42% en mayo de 2026, pero no hay evidencia que atribuya esa caída a la ampliación del alcance del gobierno.
La premisa de que el gobierno estaba en una situación de caída es cierta: la aprobación de Kast bajó de 57% en marzo a 36% a mediados de mayo de 2026 (Cadem) y a 32% en octubre. La capacidad de Kast para revertirla es un juicio que no se evalúa.
El mandato de Kast termina en marzo de 2030. A septiembre de 2026 su aprobación cayó a 35% (Cadem) y la desaprobación llegó al 60%, pero no es posible juzgar todavía si resolverá los problemas por los que fue electo.
Hubo conflictos públicos entre ministros: el titular de Vivienda, Iván Poduje, criticó al de Hacienda, Jorge Quiroz, entre abril y mayo de 2026, y en agosto Kast asumió como 'responsabilidad mía' el impasse entre Claudio Alvarado (Interior) y Quiroz por el requerimiento al Tribunal Constitucional.
Que el gobierno no ha logrado afirmarse tiene respaldo en la aprobación de Kast en Cadem, que cayó a su peor nivel en septiembre y estaba en 32% en octubre de 2026. Pero que 'no le va a funcionar' sigue abierto mientras dure el mandato (hasta 2030).
Las salidas voluntarias registradas son pocas frente a una población irregular que las estimaciones sitúan en cientos de miles de personas: unas 1.400 en mayo de 2026 según el gobierno, y 11.011 entre el 3 de enero y el 17 de octubre según la PDI, más 1.174 expulsiones en el año. El gobierno presentó en junio un 'Plan Retorno' para acelerarlas.