La ley de lobby no debe prohibir las reuniones sino precisar qué es lobby, porque hoy incluye cosas que no lo son, siguiendo el modelo estadounidense de presentar estudios y documentos a los legisladores.
El proyecto del gobierno que moderniza la Ley 20.730, que la Cámara despachó en julio de 2025, va en la dirección contraria: amplía el concepto de lobby y los sujetos pasivos. No se encontró que haya sido promulgado.
No se encontró una evaluación independiente que ordene a las encuestadoras chilenas por precisión. Después del video su desempeño fue dispar: fue la más cercana en la primaria oficialista de junio de 2025 (Jara 52%, frente a 60,16% real), pero en la primera vuelta de noviembre de 2025 tuvo el mayor error con Parisi (5,5%, frente a 19,71%).
No se encontraron auditorías públicas ni denuncias documentadas que permitan medir qué proporción de entrevistas falsas tienen las encuestadoras chilenas.
Es una tesis sociológica sobre qué tipo de escándalo erosiona más la legitimidad. No se encontraron datos que comparen el efecto de la dimensión empresarial y la política del caso sobre la confianza pública.
No se encontró publicada esa serie. Las cifras tampoco cuadran con las que el propio Mayol dio en agosto de 2025 (video Nfk1irftCEk), cuando habló de 85% de «abuso» después del estallido.
Cadem marcaba 32% de aprobación de Boric a mediados de septiembre de 2024, sin cambios respecto de la semana anterior, dentro del rango estable cercano a 30% que mantuvo durante buena parte de su gobierno.
La encuesta CEP posterior al estallido, con terreno entre fines de noviembre de 2019 y comienzos de enero de 2020, dio a Piñera 6% de aprobación y 82% de desaprobación. Cadem lo midió en 13% a mediados de diciembre de 2019.
Mayol planteó esa tesis en Enade 2011 y en su libro «El derrumbe del modelo» (2012), criticado entonces por falta de rigor. Tras el estallido de octubre de 2019, varios analistas lo releyeron como una anticipación. Las anécdotas con Marcela Cubillos y Jorge Burgos no se pudieron verificar.
Un bono de $40.000 se pagó en marzo de 2009, durante el primer gobierno de Bachelet, y en 2014 se hizo permanente como Aporte Familiar Permanente (Ley 20.743), el primer proyecto del segundo gobierno de Bachelet. La sigla «HL1» de la transcripción no se pudo interpretar con seguridad.